lahoradensatanfeLa semana pasada, y en una de las primeras medidas del gobierno encabezado por Javier Milei sobre cannabis en Argentina, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) suspendió por 6 meses la inscripción de criadores –categoría de criadero, vivero identificador y comercio expendedor–, y mandó a auditar a quienes ya había logrado esos permisos para trabajar. Explicaron que darán de baja a quienes no cumplan con los requisitos de la normativa. Si bien no modifica los permisos de uso de más de 300 mil personas y unas 40 organizaciones en el registro del programa de cannabis (Reprocann), la política puede impactar directamente en la producción, distribución y acceso a la planta.
Un análisis de la suspensión y el contexto para el cannabis en Argentina
La activista y abogada especializada en normativa de cannabis, Nadia Podsiadlo, explicó que los controles y auditorías estaban contemplados en las resoluciones de cannabis de Argentina, pero no se venían ejecutando porque eran muy recientes.
“No hubo información clara respecto, por ejemplo, de cómo se hacían los transportes, de qué se podía transportar o de qué lugar a qué lugar”, aseguró y agregó: “Tampoco hubo una definición inicial sobre qué es cannabis psicoactivo –aquel con más de 1% de THC– y sobre qué es cáñamo industrial –con menos de 1% de THC. Ahora tenés que reacomodar a los criaderos y esas personas que han invertido tiempo y recursos, y pueden ver socavados sus derechos”.
Si bien la abogada no se mostró de acuerdo con la suspensión, admitió que las auditorías son importantes. “Es una sustancia prohibida por la ley penal y si te salís una coma o un punto podés tener conflictos con la ley penal”, explicó la activista.
