El embarazo de la niña de 12 años oriunda de Garibaldi, quien fue captada por la organización Grávida para evitar que abortara, dejó en evidencia las dificultades que mujeres y gestantes tienen para acceder a la práctica durante el segundo trimestre en el norte y centro de Santa Fe. Según el Monitoreo Social Santafesino de Acceso a los Cuidados en Salud Sexual, 7 de cada 10 efectores públicos no garantizan la Interrupción Legal del Embarazo (Ile). En tanto, 8 de cada 10 mujeres y gestantes no saben dónde abortar. A dos años de la sanción de la ley 27.610, integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto piden mayor difusión sobre el acceso al derecho y a la información sobre salud sexual en toda la región. 

“Pedimos que se difunda el contenido de la ley a través de campañas públicas masivas por distintas plataformas y distintos lenguajes para que la población sepa cómo acceder, dónde reclamar y cuáles son los derechos y plazos. Queremos que se apropie como un derecho y una práctica más de salud porque sabemos que la sola aprobación de la ley no termina con la estigmatización del aborto construida durante décadas”, expresó Lucrecia Aranda, integrante de la Campaña.

Según el último Monitoreo Social Santafesino de Acceso a los Cuidados en Salud Sexual, más del 70 por ciento de los efectores de salud públicos del centro norte de Santa Fe no garantiza la ILE en el segundo trimestre. De los 164 centros de salud y hospitales relevados, el 75% de los encuestados en los Departamentos General Obligado, San Javier y Vera, que tiene como cabecera a Reconquista, respondió que no realiza la práctica; en los Departamentos Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal, con cabecera en Rafaela, un 45% dijo que no realiza la intervención y el 54.5% no sabe/no contesta. En los Departamentos La Capital, Garay, San Jerónimo, Las Colonias y San Justo, con cabecera en Santa Fe, el 73.4% no garantiza la práctica, bajando al 50% en el Gran Santa Fe.

La localidad de Vera, a 256 km de Santa Fe, tiene el único de los hospitales relevados de la región que garantiza el derecho. En el resto de las regiones encuestadas no hay garantías de la práctica.