El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó el viernes a la nueva cúpula militar, integrada por cinco hombres y una mujer a cargo de la subdirección de la Policía. Lo hizo apelando a una “política del amor entre la fuerza pública y la sociedad” y dejó claro que sus prioridades serán la lucha contra la corrupción y el apego, sin ningún tipo de matiz, a los derechos fundamentales. La reforma que Petro se propone llevar a cabo en las Fuerzas Armadas de un país que acaba de salir de una guerra de más de medio siglo es en sí una declaración de intenciones. Pero la ejecución del plan, que todavía carece de concreción, abre también una reflexión sobre la relación entre los nuevos Gobiernos de izquierda en Latinoamérica y los Ejércitos. Las tropas ya no son una amenaza para la estabilidad, aunque la redefinición de su misión, los límites de su poder y sus recursos son un territorio en buena medida inexplorado.

El caso de Colombia es paradigmático por su historia reciente, marcada por la violencia política. México tiene heridas infligidas principalmente por la violencia del crimen organizado. Sin embargo, su presidente, Andrés Manuel López Obrador, otro mandatario que representa el primer ascenso de movimientos de izquierda en la historia reciente del país, también busca reorganizar la estructura militar. El pasado lunes anunció un decreto para que la Guardia Nacional, institución heredera de la Policía Federal, pase a depender del Ejército. Este paso supone la enésima concesión a las Fuerzas Armadas, que ya tienen asignada la gestión de los grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya. La apuesta por los militares es evidente y, si aún no lo es tanto el alcance de este tipo de decisiones en el corto plazo, el pasado muestra que la evolución de los estamentos castrenses tiene una enorme repercusión en la historia y en los equilibrios políticos de los países.