lahoradensatanfepresidente Javier Milei anticipó este martes por la tarde que el Ejecutivo enviará este miércoles el proyecto de reforma electoral al Congreso, con el objetivo de eliminar las Paso, cambiar el esquema de financiamiento partidario y reflotar el debate por Ficha Limpia. La confirmación presidencial acelera una discusión que el oficialismo ya venía preparando en las últimas reuniones de la mesa política.
“Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, escribió el mandatario en el posteo de X con el que hizo el anuncio, que incluyó la novedad de la incorporación de Ficha Limpia en el proyecto.
Ese capítulo no había sido detallado públicamente en la descripción previa que circulaba sobre la reforma, por lo que el presidente terminó de blanquear que intentará volver a poner en agenda una iniciativa que había quedado trabada el año pasado.
En el Gobierno sostienen que el eje central del proyecto sigue siendo la eliminación de las Paso, con el argumento de que las primarias obligan al Estado nacional a financiar internas partidarias y que “debe volverse a los partidos la potestad de definir sus candidaturas sin intervención estatal”.
También proponen eliminar el financiamiento público de las campañas, aunque manteniendo el destinado al funcionamiento institucional de los partidos.
Puntos clave del proyecto
El envío del proyecto abrirá una nueva etapa de negociación en el Congreso. El Gobierno deberá definir en qué cámara empezará la discusión y, sobre todo, buscar el apoyo necesario para aprobar un paquete que combina reformas electorales sensibles con apartados sensibles como el de Ficha Limpia.
El proyecto oficialista propone una modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos (N°23298) que, en su artículo 33, enumera una serie de restricciones para quienes deseen integrar listas partidarias.
Según estipula la normativa, no pueden ser candidatos quienes estén “excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes” y las personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, entre otros actos.
Tampoco pueden competir en elecciones el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad; magistrados, funcionarios o miembros del Poder Judicial; y los directores o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas o autoridades de entidades que “exploten juegos de azar”.
Quienes estén alcanzados por estas restricciones para postularse a cargos estarán impedidos de ser designados como funcionarios públicos: no podrán ejercer el rol de jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados o de la Seguridad Social. Tampoco se les permitirá tener cargo de diplomático o ser directores de empresas con participación estatal.
