lahoradensatanfeEl viernes pasado venció el plazo judicial para que el gobierno transfiriera 2,5 billones de pesos a la universidades nacionales por el fallo a favor de la ley de financiamiento que obtuvieron las casas de estudio. La administración de Javier Milei presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para eludir ese fallo, pero no termina aún su estrategia: buscará además reactivar un proyecto alternativo que había presentado en el Congreso que reduce significativamente esa cifra.
Esa iniciativa –que llegó al Parlamento durante las sesiones extraordinarias del febrero y reduce el impacto fiscal en comparación con la ley aprobada el año pasado, vetada por el presidente y ratificada por ambas cámaras legislativas con los dos tercios de los votos–, no fue tratada porque se priorizaron otros proyectos como la reforma laboral.
Eso alimentó la interna libertaria entre el sector de Santiago Caputo y el del Karina Milei. Desde el caputismo aseguran que el asesor venía negociando con rectores que aceptaran el nuevo texto, algo que veían posible antes del fallo judicial a favor de las universidades. Culpan al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la demora. Ahora, con el nuevo escenario que abrió la resolución de la Justicia, lo ven mucho más difícil.
Desde el entorno de Menem, en cambio, dicen que no se habilitó el tratamiento del proyecto alternativo simplemente porque no estaban los votos. Y entienden que el hecho de que ahora el tema deba ser resuelto por la Corte abre, entienden en el oficialismo, una nueva ventana de oportunidad.
El gobierno sostiene que la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso rompe el equilibrio fiscal.
El proyecto alternativo recoge parcialmente algunos de lo puntos de la norma, pero tiene una diferencia muy sensible en materia de sueldos: no reconoce la pérdida salarial que docentes y no docentes tuvieron desde diciembre de 2023, pues solo propone reconocer la de 2025.
Según publica La Nación, esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Además, propone convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.
Los gastos de funcionamiento también se actualizan en menor medida que lo dispuesto por la ley vigente: establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.
Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.
