Baja de la violencia en Rosario: la fiscal general ponderó el trabajo basado en la ley de microtráfico

“El abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con la violencia extrema y las investigaciones que realizamos impactaron claramente en la baja de los índices, especialmente en Rosario y Santa Fe”, dijo la fiscal general de la de la provincia, María Cecilia Vranicich, a un año de la sanción de la ley de narcomenudeo.

La titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) realizó un balance sobre el año de trabajo con la ley que habilita a los fiscales provinciales a perseguir la venta minorista de drogas en los barrios, lo que se conoce como narcomenudeo o microtráfico. Un nuevo panorama normativo que, por otra parte, también ha cosechado dudas y cuestionamientos a partir de una serie de procedimientos policiales amparados en esa legislación que resultaron fraudulentos, con policías que empezaron allanando una casa donde hallaron 500 gramos de cocaína y terminaron acusados de haberse robado 15 kilos de droga, entre otros casos que vienen tomando estado público.

En un material de prensa que incluye un video institucional en el que Vranicich y los fiscales que participan del equipo de Microtráfico realizan una valoración de la tarea realizada, la titular del MPA destacó en su balance algunos números como las 5.700 personas que fueron investigadas por venta minorista de droga y el derribo de 45 inmuebles que funcionaban como kioscos de venta de droga. Y remarcó que hubo más de 800 personas imputadas y cien ya fueron condenadas —si bien no se precisó el dato, se presume que en una gran mayoría mediante juicios abreviados— en un total de 900 audiencias.

Venta minorista
El pasado 29 de diciembre de 2023 se sancionó en Santa Fe la ley 14.239 de adhesión a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes que habilitó al MPA a afrontar las investigaciones penales de casos de tenencia de pequeñas cantidades de droga fraccionada para la comercialización. Desde entonces los fiscales provinciales requirieron alrededor de 500 allanamientos, generalmente en barrios periféricos de la ciudad.